PALMA.- La Asociación de Padres de Familia Separados (APFS)
calcula que cerca de 700 niños sufren cada año en Baleares el
Síndrome de Alienación Parental (SAP), que consiste en la
manipulación de los hijos por parte de los progenitores que tienen
la custodia contra los que no la tienen. Así lo expuso ayer el
presidente de la APFS, Jorge Skibinsky, quien realizó esta
estimación a partir de los datos de los expertos que sitúan en el
80% la proporción de menores que sufren el SAP entre los niños que
padecen un divorcio de los padres por vía judicial.
Skibinsky dio a conocer estos datos en una rueda de prensa en la
que criticó el proyecto de ley de divorcio que se tramita en el
Senado, después de que se haya incorporado una enmienda en la que se
limita los casos de custodia compartida a los casos en los que
exista una separación amistosa.
Según el presidente de APFS, carece de sentido que un juez no
puede decretar la custodia compartida en los casos en los que exista
un contencioso judicial entre los padres para resolver la disolución
de su matrimonio. Indicó que esta decisión política no responde a
las demandas de la sociedad, que según revela una reciente encuesta
de la empresa Gallup encargada por la asociación SOS Papá, apoya la
custodia compartida en un 90%.
Para respaldar sus reivindicaciones sobre la necesidad de
generalizar esta opción de cuidado de los hijos, la APFS ha
organizado una conferencia de la juez decana de Barcelona, María
Sanahuja, para el 8 de julio, informó el vicepresidente de la
asociación, Carlos Prieto.
Resaltó que la magistrada obtuvo un gran apoyo de las
asociaciones feministas cuando fue elegida para este puesto, que,
sin embargo, perdió cuando empezó a manifestarse en favor de esta
opción, lo que Prieto consideró incomprensible, porque los
colectivos europeos de defensa de los derechos de la mujer han
manifestado su preferencia por la custodia compartida.
Prieto añadió que, dado el hecho estadístico de que la custodia
se otorga en un 99% de los casos a las madres, un 97,8% en Baleares
según datos de 2003, la limitación de este supuesto en el proyecto
de Ley del Divorcio supone otorgar un «poder de veto» a la mujer al
derecho de los padres a ver sus hijos.